Servicio 1
Actos administrativos y recursos
Revisamos decisiones emitidas por entidades públicas para determinar sus efectos y las alternativas disponibles para controvertirlas.
- Actos y resoluciones.
- Recursos administrativos.
- Revocatoria directa.
Derecho Administrativo
Asesoría y representación jurídica frente a decisiones, sanciones, actuaciones y daños relacionados con entidades públicas.
Revisamos actos administrativos, notificaciones, antecedentes y pruebas para determinar qué recurso, reclamación o actuación judicial puede resultar aplicable.
Analizamos la actuación de la entidad, los documentos y la situación particular para identificar la vía administrativa o judicial aplicable.
Servicio 1
Revisamos decisiones emitidas por entidades públicas para determinar sus efectos y las alternativas disponibles para controvertirlas.
Servicio 2
Evaluamos decisiones administrativas que puedan haber afectado un derecho particular y la viabilidad de acudir a la jurisdicción administrativa.
Servicio 3
Analizamos daños que puedan estar relacionados con una acción, omisión, hecho u operación atribuible a una entidad estatal.
Servicio 4
Defensa y acompañamiento frente a investigaciones, requerimientos, multas o sanciones adelantadas por autoridades administrativas.
Servicio 5
Asesoría y defensa para servidores públicos frente a actuaciones relacionadas con su función, vinculación o responsabilidad disciplinaria.
Servicio 6
Representación en conflictos que deben resolverse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
La primera revisión debe comenzar por el documento recibido, la forma en que fue notificado, los antecedentes y las actuaciones que ya se hayan realizado.
Determinamos qué decisión o actuación lo afecta y quién la emitió.
Analizamos el acto, el expediente, las pruebas y la forma de notificación.
Identificamos riesgos, alternativas y el momento adecuado para actuar.
Proponemos recurso, defensa administrativa o vía judicial cuando proceda.
Ejecutamos las actuaciones y mantenemos información sobre avances.
Para entender la decisión de la entidad, sus efectos y las alternativas iniciales.
Agendar consultaPara analizar resoluciones, notificaciones, antecedentes, pruebas y actuaciones administrativas.
Solicitar revisiónPara preparar respuestas, descargos, recursos y actuaciones frente a la entidad.
Preparar mi defensaAcompañamiento integral
Para casos que requieren demanda, defensa y seguimiento ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Solicitar representaciónLa alternativa aplicable depende de la entidad, naturaleza de la decisión, forma de notificación, actuaciones previas, documentos, pruebas y situación jurídica de la persona afectada.
La revisión jurídica no implica garantía de nulidad, revocatoria, indemnización, absolución disciplinaria o resultado judicial.
Cuando una entidad pública emite una decisión, sanción o notificación que lo afecta, cuando necesita presentar un recurso, evaluar una demanda contra el Estado, analizar un posible daño atribuible a la administración, o cuando enfrenta una actuación disciplinaria como servidor público.
Conviene revisar el documento, la notificación, los antecedentes y las actuaciones previas. Según el caso, pueden existir recursos administrativos, solicitudes ante la entidad o acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La oportunidad para actuar depende del tipo de decisión, medio de control, forma de notificación y actuaciones previas.
Es una decisión o manifestación de voluntad de una autoridad pública que produce efectos jurídicos. Puede materializarse en resoluciones, oficios, actos de trámite o decisiones con contenido particular, según la actuación concreta.
Según la actuación y la norma aplicable, pueden valorarse recursos como reposición, apelación o queja, entre otras alternativas. No siempre procede un recurso; depende del tipo de acto, de la autoridad y del procedimiento concreto.
Es una figura mediante la cual la administración puede revisar o revocar sus propios actos en los casos y condiciones previstos en el ordenamiento jurídico. Su viabilidad depende del acto, de los derechos involucrados y de los requisitos legales aplicables.
Es un medio de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa orientado a controvertir la legalidad de un acto particular y, cuando corresponda, a restablecer el derecho afectado. No garantiza la anulación del acto; requiere análisis de documentos, notificación y pretensiones.
Cuando existen hechos, documentos y una vía judicial aplicable frente a una decisión, daño u actuación atribuible a la entidad. La demanda no siempre es el primer paso; a veces corresponde agotar actuaciones administrativas o requisitos previos, según el medio de control.
Es un medio de control orientado a reclamar daños que puedan estar relacionados con una acción, omisión, hecho u operación atribuible a una entidad estatal. La responsabilidad del Estado no se presume automáticamente; debe evaluarse el caso concreto.
En general se analizan el hecho o la omisión, la entidad involucrada, el daño, la relación causal y las pruebas disponibles. Cada caso requiere revisión documental individual; no basta con afirmar que existió un perjuicio.
Se revisa la actuación, los cargos o fundamentos, las pruebas, la notificación y las alternativas de defensa o recurso. No toda sanción puede eliminarse; la estrategia depende del procedimiento y de los documentos del expediente.
Pueden presentarse descargos, aportarse o solicitarse pruebas, formular alegaciones y, cuando proceda, interponer recursos contra la decisión. El debido proceso y las oportunidades de defensa dependen de la actuación concreta.
Conserve el documento, revise la fecha y forma de notificación, identifique la entidad y la decisión, y solicite una revisión jurídica oportuna. Actuar a tiempo es relevante porque la oportunidad para presentar recursos o demandas depende de cada caso.
Es la jurisdicción ante la cual se ventilan conflictos relacionados con actuaciones, omisiones o daños atribuibles a entidades públicas, mediante los medios de control previstos en el ordenamiento jurídico.
Sí. Puede contar con asesoría y representación técnica para revisar la actuación, preparar descargos, aportar pruebas, formular alegaciones y ejercer recursos cuando corresponda.
Suelen ser útiles la queja o auto de apertura, citaciones, pliego o formulación de cargos, pruebas, descargos previos, decisiones y notificaciones. Mientras más completo esté el expediente disponible, más precisa será la revisión inicial.
No en todos los casos. La necesidad de conciliación extrajudicial depende del medio de control y de las circunstancias concretas. Por eso debe evaluarse caso por caso antes de iniciar una demanda.
En algunos procesos pueden valorarse medidas cautelares cuando se acreditan los requisitos jurídicos aplicables. Su viabilidad depende del medio de control, de los hechos y de las pruebas del caso.
Sí. Puede iniciar con una revisión virtual del caso y el envío de documentos. Algunas actuaciones posteriores pueden requerir representación presencial según el procedimiento.
Envíenos la resolución, notificación o documento principal y cuéntenos brevemente qué ocurrió para identificar la ruta jurídica aplicable.